Reconfiguración judicial: renuncias, sobrecarga y vigilancia en la SCJN México Desde hace poco más de un mes, el Poder Judicial mexicano at...

Reconfiguración judicial: renuncias, sobrecarga y vigilancia en la SCJN

México

Desde hace poco más de un mes, el Poder Judicial mexicano atraviesa un proceso de reconfiguración que involucra cientos de tribunales y miles de cargos. La transición ha estado marcada por una combinación de vacíos administrativos, renuncias masivas y un escrutinio público constante, mientras los nuevos ministros buscan consolidar su presencia en el alto tribunal.

Aunque las noticias sobre este proceso se centran en detalles visibles —como la cantidad de asesores de Hugo Aguilar o los metros cuadrados del despacho de Lenia Batres—, empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advierten que las preocupaciones reales son otras: “Lo que se discute en la conversación nacional no refleja los problemas estructurales”, señala un trabajador del alto tribunal.

Desde el 1 de junio, cuando se instalaron los nuevos titulares tras la elección de 800 cargos del Poder Judicial federal, los reflectores se han concentrado en los nueve ministros de la Suprema Corte. Las críticas sobre su vestimenta, idiomas utilizados en discursos y número de asesores han opacado la reorganización interna y la salida de personal técnico. “Algunos renunciaron voluntariamente, otros fueron invitados a hacerlo por no alinearse con los nuevos ministros. Esto ha dejado las ponencias ‘en los huesos’”, comenta una empleada.

La transición implicó que cada nuevo ministro heredara los equipos de sus antecesores. Sin embargo, casi la mitad del personal de la Corte ya no forma parte del tribunal. La depuración afectó especialmente a quienes habían mostrado perfiles críticos o participación visible en redes sociales. “El aviso fue explícito: no hablar. El monitoreo es constante”, señalan empleados que pidieron anonimato por temor a represalias.

El impacto operativo es notable. La combinación de equipos reducidos, jornadas extensas y la transmisión en vivo de las sesiones ha llevado a que muchos ministros resuelvan asuntos sin el estudio previo adecuado, apoyándose en los votos de otros. El énfasis en la visibilidad pública también ha generado tensiones internas y complicaciones para modalidades como el teletrabajo.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ), responsable del presupuesto y de las adscripciones de los juzgadores, también ha enfrentado un desorden administrativo. Correos de última hora y solicitudes improvisadas han afectado la operatividad de sus áreas y retrasado procesos esenciales como los nombramientos en tribunales colegiados. Algunos trabajadores califican la situación de “volado”, debido a la aleatoriedad en la asignación de plazas y la falta de planificación institucional.

La llegada de magistrados sin experiencia previa en derecho federal ha provocado errores que, aunque virales en redes, pueden tener consecuencias de largo plazo. La formación inicial ha sido limitada, y la carga de trabajo, elevada. “El Poder Judicial, que funcionaba como dique de contención y control, ha perdido parte de su capacidad para garantizar la cadena de supervisión de las decisiones judiciales”, advierte Fernando Sosa, abogado y excoordinador de ponencia en la SCJN.

Para los trabajadores con trayectoria en la Corte, el primer mes de esta administración ha significado adaptarse a un entorno de urgencia, cambios ideológicos y presión mediática, mientras intentan mantener la operatividad y la protección de derechos en un contexto de profundo cambio institucional.

Fuente: El País